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LAS TRABAS BUROCRÁTICAS QUE ENFRENTAN LOS MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS UNA VEZ CUMPLEN LA MAYORÍA DE EDAD

LAS TRABAS BUROCRÁTICAS QUE ENFRENTAN LOS MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS UNA VEZ CUMPLEN LA MAYORÍA DE EDAD
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LAS TRABAS BUROCRÁTICAS QUE ENFRENTAN LOS MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS UNA VEZ CUMPLEN LA MAYORÍA DE EDAD

  • Piden cambios en los artículos 196, 197 y 198 del Reglamento de la Ley de Extranjería para que los menores extranjeros tutelados por las Administraciones Públicas alcancen la mayoría de edad con permiso de trabajo y residencia.
  • Denuncian que las trabas burocráticas dejan a la juventud extutelada en un callejón sin salida, sin oportunidades de futuro y condenados a la precariedad.
Las trabas burocráticas que enfrentan los menores extranjeros no acompañados una vez cumplen la mayoría de edad 2
La Federación de Entidades con Proyectos y Pisos Asistidos (FEPA), que aglutina a 68 organizaciones de toda España, ha lanzado la campaña #UnCallejónSinSalida que denuncia la situación de gran vulnerabilidad en la que quedan los menores extranjeros no acompañados una vez alcanzan la mayoría de edad y piden el cambio del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 para que estos y estas jóvenes salgan del sistema de protección con un permiso de residencia y trabajo de manera automática. Muchas de las personas migrantes que están llegando a día de hoy a las costas Canarias son menores no acompañados. De no cambiarse la ley, al cumplir la mayoría de edad, se enfrentarán a una serie de trabas burocráticas que les condenarán a la vulnerabilidad y a la precariedad y que les privarán de la oportunidad de hacer realidad sus proyectos vitales.
Cuando un menor extranjero alcanza la mayoría de edad puede hacerlo bajo dos circunstancias: con permiso de residencia o, en algunos casos, sin él, pero en ningún supuesto será titular de un permiso de trabajo. En el primer caso, – sin autorización de residencia- la ley contempla una residencia que se conoce como “por circunstancias excepcionales” y uno de los requisitos para su obtención es que el o la joven tenga “medios económicos suficientes para su sostenimiento”, en una cantidad que representa el 100% del IPREM; es decir, 537,84 euros al mes.
En el caso de que el o la menor cumpla 18 años con permiso de residencia, deberá proceder a la renovación del mismo después de un año. Para esa primera renovación, la ley exige declarar también una fuente de ingresos de 537,84 euros al mes y del 400% del IPREM, es decir 2.151 euros mensuales, a partir de la segunda renovación. Estos medios de vida, desde ahora, no pueden proceder ni de prestaciones públicas ni de ayudas sociales que les proporcionan entidades como las que conforman FEPA.
La Federación denuncia que la ley cae en una gran incoherencia pidiendo unos medios de vida propios a estos y estas jóvenes para que dispongan de un permiso de residencia sin tener permiso de trabajo. Y para modificar dicho permiso por uno que les permita trabajar, se exigen unos requisitos difíciles de cumplir, cómo tener una oferta de trabajo de un año y a jornada completa. Es decir, la normativa deja a los y las jóvenes en un callejón sin salida del que es difícil salir.
Para FEPA, la legislación actual pone la condición de extranjero por delante de la de persona extutelada. “Esta ley supone una confrontación con las leyes de protección del menor, incluyendo tratados internacionales ratificados por España, como la Convención de Derechos del Niño de la ONU”, aseguran en el Manifiesto que han publicado. Es por ello que desde la Federación y al amparo de las Recomendaciones del Defensor del Pueblo, exigen la reforma de los artículos 196, 197 y 198 del Reglamento de la Ley de Extranjería para establecer así la posibilidad de que las personas jóvenes extuteladas de origen extranjero puedan gozar de derechos para tener una vida digna.  

Un callejón sin salida para las personas jóvenes extranjeras extuteladas

La campaña ‘Un callejón sin salida’ denuncia que la actual normativa y su puesta en práctica suponen un callejón sin salida para la juventud extutelada e insta al Estado a no pasar por alto esta vulneración flagrante de los derechos básicos para un colectivo tan inocente como es la juventud extranjera no acompañada. #UnCallejónSinSalida “Buscamos implicar a todo el tejido social en nuestras demandas y, frente a la injusticia, los laberintos legales y las trabas administrativas, apostaremos por una integración real de toda la juventud extutelada, para que puedan -como desean- contribuir a la construcción de una sociedad mejor”, aseguran desde FEPA, que también ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas para sumar apoyos a esta causa.

Antes de nada, ¿qué son los jóvenes extutelados extranjeros?

Son jóvenes, principalmente mayores de 18 años, que tienen un origen extranjero, y que llegaron a España siendo menores, sin apoyo familiar. Por esto último, por ser menores y no tener apoyo familiar, entraron en el sistema de protección del menor. Fueron tutelados/as por las administraciones públicas españolas. Al cumplir los 18 años (en algunos casos, antes), salen del sistema de tutela y, por tanto, entran en la categoría de persona extutelada.

¿Cuál es su situación actual? ¿Hay alguna diferencia con los jóvenes extutelados españoles?

La diferencia con la juventud extutelada española se da en cuanto a permisos para poder disfrutar de derechos. Principalmente, el derecho al trabajo. Se da la paradoja de que, entre los 16 y los 18 años, pueden trabajar. Al cumplir los 18, ya no pueden hacerlo, ya que pasan de estar regulados por las Leyes de protección del Menor, a estarlo por la Ley de Extranjería. El principal derecho que pierden al cumplir los 18 años, es el derecho al trabajo. Para poder obtener el permiso de trabajo, tienen que tener un contrato laboral de un año a jornada completa (o por menos horas, pero siempre que ganen el salario mínimo interprofesional). Todos los menores de origen extranjero bajo tutela de la administración deberían salir de él con permiso de residencia. Es decir, tener residencia a los 18 años. En algunos casos, no es así. Y en los casos en los que sí lo es (la mayoría), deben renovarlo. Ahí es donde desde hace unos meses existe un problema, ya que una sentencia del supremo obliga a tener unos ingresos mensuales del 100% del IPREM (unos 500 euros). Y, para la segunda renovación –dos años después de la primera-, del 400% del IPREM (unos 2100 euros). Este dinero no puede venir ni de prestaciones públicas ni de ayudas sociales, como hasta ahora. Estamos hablando de jóvenes que no tienen permiso de trabajo. Por tanto, ¿cómo van a tener ingresos propios? Sin residencia, quedarán excluidos de los recursos que les ofrecen las administraciones y las entidades (vivienda, por ejemplo), quedando en una situación de desamparo.

¿Por qué debería cambiar la actual Ley de Extranjería? 

Un cambio en los artículos 196, 197 y 198 del reglamento de la Ley de Extranjería debería hacer que estas personas cumplieran los 18 años con permiso de residencia y de trabajo (residencia lucrativa). Con ello:
  • Se facilitaría la inserción de estas personas.
  • El dinero que se invierte en ellas cuando son menores no caería en saco roto, perdiéndose dicha inversión de dinero público.
  • Evitaría más que posibles problemas de convivencia derivados de la situación de vulnerabilidad de las personas jóvenes que, sin permisos de trabajo y residencia, saldrían del sistema. La solución a estos posibles problemas de convivencia sería mucho más costosa que el darles apoyo.
  • Se aprovecharía todo el capital humano de una serie de personas que vienen a nuestro país a trabajar y a buscar un futuro.
  • Dejaría de haber un choque en la legislación española entre las Leyes de Protección del Menor (incluyendo tratados internacionales firmados por España) y la Ley de Extranjería.

¿Cómo surgió esta iniciativa? ¿Quién la promueve?

La iniciativa #UnCallejónSinSalida la promueve la Federación de Entidades con Proyectos y Pisos Asistidos, FEPA, que aglutina a 68 entidades de toda España que trabajan con juventud extutelada. Actualmente, el 70% de los y las jóvenes con quienes trabajamos son de origen extranjero. El ver que trabas administrativas afectaban a los procesos de emancipación de muchos y muchas jóvenes, abocándolos a un callejón sin salida, a la vulnerabilidad y la marginación, es lo que hizo surgir esta iniciativa, en forma de campaña para que puedan unirse otras entidades que están luchando también para cambiar la ley.

¿Cuál es vuestro objetivo? ¿Qué se podría hacer a corto plazo?

El objetivo final es cambiar el Reglamento de la Ley de Extranjería, y en concreto los artículos 196, 197 y 198. A corto plazo, que todas las administraciones autonómicas que tengan recursos de emancipación (para mayores de 18 años), como pisos o ayudas al estudio (no todas los tienen, por cierto), fueran conscientes del problema y flexibilizaran sus condiciones para entrar en dichos recursos. Por ejemplo, no exigir residencia (el papel), sino sólo residir en la respectiva Comunidad Autónoma. También queremos concienciar a la sociedad española del problema, y evitar la estigmatización de un colectivo que nada tiene que ver con la imagen que se proyecta desde algunos sectores de la sociedad.

¿Hay otros países europeos con proyectos de los que podríamos aprender?

La legislación europea en materia de inmigración y derechos de los inmigrantes es muy desigual. No conozco los pormenores de cada país en el tema de menores de procedencia extranjera, pero sí creo que debería haber una norma europea común, y apoyar a los países limítrofes de la UE, que son los que reciben más presión migratoria.

¿Cómo podría un lector de muhimu colaborar con vosotros?

Dando visibilidad a la campaña, usando el hashtag #UnCallejónSinSalida en sus redes sociales. O difundiendo la web y firmando la petición en: https://uncallejonsinsalida.org     Noticia extraida del medio MUHIMU publicada el 23/11/2020   Lee la noticia original en este enlace