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La FEPA y el Govern piden cambiar la Ley de Extranjería para no condenar a los “MENAs” a la vulnerabilidad

La FEPA y el Govern piden cambiar la Ley de Extranjería para no condenar a los “MENAs” a la vulnerabilidad
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La FEPA y el Govern piden cambiar la Ley de Extranjería para no condenar a los “MENAs” a la vulnerabilidad.

La Federación de entidades con proyectos y pisos asistidos, FEPA, denuncian las trabas burocráticas a las que se enfrentan los menores extranjeros no acompañados una vez cumplen la mayoría de edad. Piden cambios en la ley de Extranjería para que estos jóvenes puedan alcanzar la mayoría de edad con permiso de trabajo y residencia o sino denuncia que se les condenará a la vulnerabilidad y precariedad. En Baleares hay cerca de 70 de estos jóvenes. Oussama llegó a España desde Tánger escondido debajo de un autobús, tenía poco más de 16 años y ganas de vivir una vida mejor. Apenas conocía el español, nos cuenta que decía “poco más que hola, adiós y gracias y no sabía como decir quiero ir a un centro de acogida, sólo decía, centro, menor” Comenzó a vivir entre albergues y centros y al cumplir los 18 a un piso de acogida para mayores de edad y “hasta ahora todo muy bien, pasas por los centros y pisos y estás bien, lo que ahora que es momento de trabajar y con mi residencia no puedo, me piden 5 años de residencia legal o encontrar a alguien que te ofrezca un contrato de trabajo por un año y eso, en la situación actual nadie hace esto” Oussama no se ha quedado quieto, estudia cocina y este verano ha vuelto a buscar trabajo, pero la burocracia y la situación económica derivada de la pandemia van en su contra, y el año que viene cumplirá 21 años. Dice que en la mayoría de trabajos le ofrecen un contrato por 3 meses y cuando digo “no tengo permiso de trabajo, me dicen, lo siento, no puedes hacer nada, si no llevas cinco años que puedas demostrar tu residencia nada y si no consigues un empleo por un año no puedes modificar los papeles”.  La complicada situación de Oussama se reproduce en los menores extranjeros no acompañados… Bajo las siglas MENAS, a día de hoy hay 50 en Mallorca y una veintena en Ibiza. Cuando entran en una comunidad se les regulariza hasta la mayoría de edad y hasta hace un año que cambió la interpretación por parte del Supremo de la ley de Extranjería se les renovaba el permiso hasta los 21 años lo que les daba un plazo para cumplir un itinerario de emancipación. Ferrán Rodríguez, presidente de FEPA señala que se aceptaba la excepcionalidad porque entraban como menores y  han estado tutelados por la administración, las renovaciones de residencia cuando eres mayor, si tienes un comportamiento adecuado, si estás acogido en un programa de autonomía, entonces se te daba la renovación del permiso de residencia, en estos momentos, lo que dice la sentencia del Supremo es a partir de ahora deben ser tratados como cualquier otro extranjero y cumplir los mismos criterios” Rodríguez que trabaja con estos jóvenes  denuncia que la ley cae en una gran incoherencia ya que se les pide unos medios de vida propios para que dispongan de un permiso de residencia sin tener un permiso de trabajo. Y para modificar dicho permiso por uno que les permita trabajar, se les exigen unos requisitos muy difíciles de cumplir como tener una oferta de trabajo de un año y a jornada completa. Antes tenían 3 años para hacer el arraigo y el itinerario y ahora la normativa les deja en un callejón sin salida del que es difícil salir. La campaña “Un callejón sin salida” pide un cambio de la ley de Extranjería y denuncia la actual normativa por ser una vulneración flagrante de los derechos básicos de estos y estas jóvenes, también han puesto en marcha una campaña de recogida de firmas para sumar apoyos a esta causa. En relación a este asunto, la consellera de Servicios Sociales del Govern, Fina Santiago, ha pasado por ‘A Vivir que son dos días Baleares’ para exponer la versión oficial. Y es que a lo largo de este proceso, el joven migrante pasa por diferentes puntos. Al llegar a Balears y hasta que cumple la mayoría de edad, se encuentra bajo la tutela del consell insular en cuestión. Una vez llega a los 18 años, es el Govern quien se hace cargo y le ofrece tres líneas de ayuda: residencia compartida en un piso, una renta de algo más de 450 euros y una asistencia general no solo para trámites burocráticos y administrativos, sino también para determinados problemas que pueda tener el menor. Básicamente, el papel que jugaría el progenitor o tutor. Por su parte, el joven tiene dos alternativas: o bien estar trabajando o en búsqueda de empleo, o estar formándose. Sin embargo, la consellera ha indicado que esta ayuda “no puede ser para toda la vida”, por lo que la renta que reciben tiene una caducidad de tres años. Los problemas llegan cuando se da este momento. Como ha contado la FEPA, un permiso de trabajo se hace indispensable para tener estabilidad y no ir comenzando y terminando contratos de uno, dos o tres meses. Sin trabajo estable, la ayuda se acaba. “El Estado podría implicarse más”, ha comentado Santiago, y eso es algo que ya ha hecho saber al Ejecutivo central mediante una carta dirigida al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y al ministro de Seguridad Social, Migraciones e Inclusión, José Luis Escrivá. “Son conscientes de la realidad, pero, en la práctica, todavía no se ha modificado la Ley de Extranjería, anticuada. Es absurdo que le des el permiso de residencia pero no el de trabajo para que puedan valerse por sí mismo”, ha subrayado la consellera. Santiago ha explicado que la inmigración ilegal es un problema que “se soluciona ayudando a los países emisores y acogiendo correctamente a los migrantes que llegan”; pues, además de por cuestiones meramente humanitarias, porque “son un colectivo joven que viene a trabajar y a aportar”, con más motivo teniendo en cuenta que “la población española enjevece cada día”.   Noticia extraida del medio cadena Ser Mallorca el 06/11/2020